Por: Camilo Echeverri Erk, I.A.
La reciente decisión del grupo Nutresa de establecer un plan de compra de cacao por 1,5 billones de pesos a asociaciones campesinas y cooperativas de productores en los próximos diez años es una excelente noticia para el campo colombiano y es una clara muestra del compromiso de esta empresa con el país y de su voluntad de cooperar con el Gobierno para potenciar la producción agrícola, beneficiando especialmente a pequeños y medianos productores de este valioso grano.
El plan contempla el establecimiento de 15.000 hectáreas de cultivos nuevos – 10.000 de estas como producto de la sustitución de cultivos ilícitos -, las cuales se sumarán a las 194.000 hectáreas existentes en la actualidad en Colombia (fuente: Nutresa). Se desarrollará principalmente en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, y en algunas zonas de la región del Catatumbo. La promesa de la compañía es suscribir compromisos de compra por diez años, pagando a los productores el 85 % del precio internacional por el producto que cumpla con los estándares de calidad y buenas prácticas agrícolas (BPA) del mercado mundial. Para lograr el propósito de aumentar el área sembrada el programa contempla el establecimiento de un vivero en el sur del país para la producción de diez millones de árboles en cinco años, en el marco de una alianza con Agrosavia (antes Corpoica), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. El 50 % de los costos del mantenimiento de este vivero será asumido por la empresa, la cual invertirá también en la formación de formadores en BPA y en el fortalecimiento de las asociaciones de campesinos y las cooperativas participantes. Un pilar fundamental de la iniciativa será el desarrollo de clientes fair tradeen el exterior, los cuales estén dispuestos a pagar primas sobre el precio por condiciones sociales y ambientales favorables en las zonas productoras.
La iniciativa de Nutresa entra a fortalecer un importante sector de la agricultura colombiana, que viene presentando un interesante crecimiento en los últimos años en Colombia y en otros países. La demanda del producto a nivel mundial supera la oferta ampliamente, condición que se ha visto agravada por las pérdidas ocasionadas por sequías e inundaciones en África occidental, lo cual ha llevado a que se disparen los precios, superando recientemente los 10.000 dólares por tonelada (La República).
Según Fedecacao, la producción nacional ha aumentado un 127% entre el año 2006 y el 2021, pasando de 30.357 a 69.040 toneladas. La producción proviene de los departamentos de Santander (40,6 %), Arauca (11,4 %), Antioquia (9,6 %), Tolima (5,8 %), Huila (5,1 %) y Nariño (5 %). En 2021 el país exportó 11.689 toneladas de grano por un valor cercano a los 30 millones de dólares y el equivalente a 14.647 toneladas de productos de transformación por un valor de alrededor de 95,5 millones de dólares. Los productos de transformación corresponden a 71 % en chocolatería y 18 % en manteca de cacao.
Un proyecto agrícola como el que propone Nutresa tiene la mayor probabilidad de éxito porque involucra, compromete y favorece a todas las partes interesadas: el productor, que necesita vender sus productos a precios rentables; la empresa compradora, que puede disponer permanentemente del producto que requiere para satisfacer sus mercados; y el Estado, que debe velar por crear las condiciones para que el negocio agrícola crezca en forma sostenible.
Alianzas público – privadas exitosas como esta existen muchas en el mundo de la producción agrícola. Conozco el modelo de cooperación fitosanitaria que han impulsado, por ejemplo, las industrias exportadoras de mango de Ecuador y de México hacia los Estados Unidos. Para supervisar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios que establecen sus normas, el Servicio de Inspección de Animales y Plantas (APHIS, por su sigla en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos exige que las plantas de tratamiento y exportación del producto sean inspeccionadas permanentemente durante las temporadas de exportación por funcionarios norteamericanos autorizados. El costo de honorarios, traslado y estadía de dichos inspectores debe ser cubierto por los exportadores en forma anticipada para cada temporada de exportación. En el caso de Ecuador, los exportadores crearon la Fundación Mango del Ecuador (Fundamango), gremio que se encarga de contratar y pagar los servicios de inspección al APHIS, cobrándole luego la parte proporcional a cada uno de sus asociados, de acuerdo con la cantidad de producto exportada. En vista de que el APHIS exige también la presencia en las plantas de exportación de funcionarios de la entidad fitosanitaria del país exportador – Agrocalidad, en el caso de Ecuador –, Fundamango tiene un convenio con dicha institución, mediante el cual se hace cargo de los gastos de transporte y manutención de los funcionarios locales. Un programa exportador de esta magnitud y complejidad sería muy difícil de llevar a cabo sin una colaboración interinstitucional coordinada por el sector privado con las autoridades gubernamentales de los dos países.
Para no ir tan lejos, en el sector floricultor colombiano tenemos otro ejemplo exitoso de cooperación interinstitucional en el programa ICA – Asocolflores para el control de la roya blanca del crisantemo. Esta alianza público – privada ha permitido mantener abiertas las exportaciones de crisantemos hacia los Estados Unidos desde los años noventa del siglo anterior. Sin la presencia del gremio, los floricultores difícilmente podrían haber logrado llevar su negocio hasta donde se encuentra hoy.
El Gobierno actual debe entender que la reactivación del campo colombiano solamente será posible si, además del apoyo a asociaciones de campesinos y cooperativas de productores, vincula a los gremios del sector que representan a pequeños, medianos y grandes productores.
Esta estrategia debe hacer parte del tan cacareado ‘acuerdo nacional’, el cual hasta ahora no se ha visto materializado en acciones concretas.
En vez de pelear con los gremios, el Gobierno debería buscar la cooperación con estos para lograr así alcanzar los objetivos propuestos en pro del desarrollo de un sector agrícola competitivo y sostenible. La situación del país y los desafíos actuales hacen necesarias alianzas sólidas entre los actores del mercado y un Estado dispuesto a apoyarlas para el beneficio de todos.
