Por: Camilo Echeverri Erk, I.A.
Cali, Colombia

Mucho se ha hablado por estos días de la Constitución de 1991. Han transcurrido ya 30 años de haber sido promulgada, y son diversas las opiniones en cuanto a si esta es la carta magna que necesita un país como el nuestro y hasta dónde se ha avanzado en la implementación de los cambios aprobados en la asamblea constituyente que la discutió y aprobó. En el marco de la polarización política que vivimos, inclusive, se han escuchado voces que proponen una nueva constituyente para revisarla completamente. Coincido con los que piensan que nuestro problema no es la constitución vigente sino su deficiente aplicación. Colombia es un país con demasiadas leyes y poco cumplimiento de éstas.

A propósito del tema, acabo de leer el libro “Memorias Dispersas” de Humberto De La Calle, quien fuera ministro de gobierno para la época de la asamblea constituyente y participante activo en la gestación de la carta política de 1991. Me llamó la atención la siguiente transcripción de las palabras pronunciadas por el constituyente Juan B. Fernández durante los debates de la asamblea constituyente:

“Lo que explica nuestra presencia aquí es que hay una ruptura del orden jurídico, causada con variable intensidad por la violencia de las instituciones que no cobijan sino al establecimiento, y también, con mayor fuerza, por quienes están excluidos y marginados de ese establecimiento y pugnan por entrar en él o derribarlo delictuosamente. No hay Estado en Colombia, concebido como el monopolio de la fuerza legítima. Por el contrario, la fuerza beligerante está repartida entre diversos sectores de la población. Y a veces sólo la menor porción de esa cuota armada corresponde al Gobierno. Ni tampoco hay Estado en cuanto a que no cumple con su función primordial, que es la de garantizar la vida de los colombianos. Cada día hay más compatriotas asesinados. La muerte violenta se ha convertido en la muerte natural para los colombianos”.

Cualquier parecido con la realidad actual de Colombia no es pura coincidencia. Si quisiéramos evaluar el éxito de la Constitución del 91, teniendo como diagnóstico inicial sólo el que plantea la cita anterior, tendríamos que reconocer que, en los últimos 30 años, en vez de avanzar, hemos retrocedido. Han pasado desde entonces siete, ya casi ocho periodos de gobierno, con programas como “La Revolución Pacífica” de César Gaviria, “El Salto Social” de Ernesto Samper, “Cambio para Construir la Paz” de Andrés Pastrana, “Hacia un Estado Comunitario” y “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” de Álvaro Uribe, “Prosperidad para Todos” y “Todos por un Nuevo País” de Juan Manuel Santos, y “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” de Iván Duque. Dejo a criterio de los lectores el juzgar si las realizaciones de dichos gobiernos se compadecen con semejantes nombres.

La triste conclusión al leer la cita en el libro de De La Calle es que todos estos gobiernos, y seguramente muchos de los anteriores, han fallado en su función primordial de proteger la vida de los colombianos. Han incumplido uno de los mandatos más importantes de la Constitución, que reza en su artículo segundo: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Para corroborar el fracaso rotundo del Estado en cuanto a proteger la vida de las personas me permito citar algunas cifras de homicidios en Colombia: 

• Según Medicina Legal, en 2020 se presentaron 11.013 asesinatos, es decir, alrededor de 30 asesinatos diarios, en promedio. Sin los confinamientos por la pandemia de covid-19 seguramente hubieran sido muchos más.
• De acuerdo con la JEP, desde la firma del acuerdo de paz con las antiguas FARC en diciembre de 2016 y hasta finales de 2020, han muerto 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC (casi un muerto diario, en promedio). 

Estas cifras son escalofriantes y totalmente inadmisibles. Si bien todas estas muertes no pueden ser atribuidas directamente al Estado, sí le cabe a este la responsabilidad de haber fallado en garantizar la vida de estas personas. Las causas de la violencia son diversas y el Estado se ha mostrado débil en corregir las condiciones que la ocasionan. No ha cumplido tampoco con su responsabilidad de “asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, como está consignado en el artículo de la Constitución citado arriba. Más graves aún son las muertes ocasionadas directamente por el Estado, como lo son los más de 6.400 ‘falsos positivos’ durante el mandato de Álvaro Uribe (paradójicamente, el de la ‘seguridad democrática’), y los asesinatos perpetrados por los grupos paramilitares, en probable connivencia con el Estado en algunos casos.

Si de seguridad para sus habitantes se trata, Colombia no ha salido aún de su situación de Estado fallido. La pregunta es, ¿qué hay que hacer para superarlo? La respuesta es tan compleja como las condiciones que nos han llevado a estar donde estamos. Lo único cierto es que, como dijo Albert Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, siempre tendremos los mismos resultados. La responsabilidad de cambiar es de todos los colombianos. Nótese que en el artículo de la Constitución al que se hace referencia se habla también de “los deberes sociales de los particulares”. Pero son nuestros próximos gobernantes, junto con los legisladores, los jueces y los entes de control, los que deben indicar el camino y crear las condiciones necesarias para que se den las transformaciones requeridas. Urge un cambio de modelo de gobierno, en el cual no solo le apuntemos al crecimiento económico, sino también a la seguridad y al desarrollo social. Afortunadamente, en la campaña política para las elecciones de 2022 ya se perfilan candidatos con propuestas diferentes a las tradicionales.

Después de haber tocado fondo, esperamos que Colombia cambie de rumbo, generando mejores condiciones de vida para todos, especialmente para las nuevas generaciones. En especial los jóvenes son los llamados a participar activamente con su voto por un cambio que les permita disfrutar el país que merecen.