Por: la Directora
Una iniciativa privada que ofrece diez becas para que campesinos colombianos cursen el programa de agronomía en la Escuela Agrícola Panamericana de Honduras (más conocida como Universidad Zamorano) me hizo reflexionar sobre el estado de la educación a nivel rural en Colombia.
De acuerdo con la última encuesta agropecuaria formulada por el DANE, solo se aprovechan 5’100.000 hectáreas de las 49’000.000 cultivables del país. Este dato por sí solo ya da cuenta del descuido en que está el campo, que por causa de los muchos problemas de seguridad pública que durante décadas ha sufrido se ha “descampesinado”. En efecto, los resultados del último censo nacional indican que solo el 15% de la población colombiana vive en zonas rurales. Para repoblar el campo y activar el sector agrícola colombiano es indispensable que se cumplan los planes de restitución de tierras despojadas a campesinos desplazados y la reinserción de ex combatientes.
Pero para que esos planes lleguen a tener buen fin también se necesita que se desarrollen actividades productivas que pongan a funcionar la economía rural e impidan la reactivación del conflicto, para lo cual deben sentarse unas bases educativas.
Según el Ministerio de Educación, para el año 2016 apenas el 1% de las matrículas universitarias registradas en el país correspondían a población rural. Además, este 1% no atañe a carreras relacionadas con el campo como la agronomía, sino a carreras como la medicina o la ingeniería, por lo cual es probable que quienes logren llegar a la educación superior no regresen a sus lugares de origen a ejercer su profesión, y en caso de hacerlo, no estarían insertos en la dinámica económica agrícola que corresponde a la ruralidad. Acceso a la educación superior y articulación de los programas educativos con las necesidades regionales deben entrar en las prioridades del Estado para lograr el objetivo de revitalizar el campo.
Con todo, de las 25 universidades públicas de Colombia, solo ocho cuentan con el programa de agronomía en sus currículos. En cuanto a la Universidad Nacional, para citar solo un ejemplo, el primer semestre de este año fueron admitidos al programa de agronomía tan solo 90 estudiantes en la sede de Bogotá, 90 en la sede de Medellín y 54 en la sede de Palmira.
Que sea tan limitada la oferta académica pública en un país de clara vocación agrícola, que debe proveer por su seguridad alimentaria y cuya población joven se encuentra en mayor proporción en las zonas rurales es inaceptable. Los estudios dan cuenta de cómo se ven frustrados los proyectos productivos que hacen parte de los planes de restitución de tierras debido a la falta de asistencia técnica. Pues bien, fortalecer los programas de formación constituiría una forma de ayudar a solucionar este problema.
Muchas son las manifestaciones públicas que han exigido al gobierno educación superior pública gratuita y de calidad. Quizá más fundamental aún sea la educación superior pública y gratuita en la ruralidad.
