Por: la Subdirectora
La aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2017, que reduce de manera significativa las asignaciones al sector del agro, no hace más que confirmar el poco interés que el gobierno tiene por la producción agrícola, la soberanía alimentaria y el campesinado nacional.
De 2,6 billones de pesos para 2016, el presupuesto para el agro quedó en casi 2,1 billones para 2017. Debo anotar que cuando hablamos del sector agropecuario nos referimos no solo al Ministerio de Agricultura, sino también al ICA, el INCODER y la AUNAP. Todas estas entidades juntas son las asignatarias del presupuesto del sector.
Para dimensionar un poco el descuido presupuestal en que se tiene el agro, veamos los presupuestos de otros rubros: el sector defensa contará para el año entrante con 29,5 billones de pesos, el de hacienda con casi 15 billones y los recursos destinados al servicio de la deuda pública serán 51 billones, es decir, el 24% del total del Presupuesto General de la Nación. La Fiscalía, siendo una sola entidad que bien podría incluirse dentro del sector justicia, recibirá ella sola 3,3 billones de pesos.
De acuerdo con la exposición de motivos de la ley de presupuesto, los recortes, que se harán a nivel general, son el resultado del impacto negativo que ha sufrido nuestra economía debido a la caída de los precios del petróleo y la desaceleración económica de los principales socios comerciales del país.
Esto no significa otra cosa sino que desde hace algunos años el gobierno ha confiado en las rentas que genera la explotación de los recursos minerales, cuya bonanza ya es cosa del pasado. Sin embargo, perdida esta apuesta no se ve que el gobierno corrija el rumbo que le da a la economía, pues es evidente que se debería empeñar en fortalecer otras áreas productivas que permitan al país ser independiente de los mercados internacionales y, en contra de esto, lo que hace es reducir el ya escaso presupuesto que al sector agropecuario se destina.
Uno de los sectores beneficiados con la reorganización presupuestal es el de las telecomunicaciones. Aunque todas las áreas de la economía son importantes, no parece entendible que se incremente el presupuesto de las comunicaciones al paso que se reduce drásticamente el del agro, que como sabemos, necesita tan importantes apoyos por causa del abandono histórico en el que se le ha tenido.
En Colombia no solo no se promueve suficientemente la producción para la exportación -que no despega a pesar de la fuerte devaluación- sino que además se desprotege a los productores nacionales frente a las importaciones. Que haya menos recursos implica también menores incentivos, subsidios y menor posibilidad de invertir en la tecnificación del campo y la asesoría técnica que tanto se necesitan.
En este contexto, donde el gobierno no hace más que perder legitimidad y justificar nuevos paros campesinos, no queda más que hacer lo que durante décadas los valientes actores de este importante sector han hecho: arreglárselas solos y avanzar independientemente.
