Por: la Subdirectora

Muy probablemente el lector se ha topado ya con alguno de los promotores del Referendo por el Agro Nacional. Quienes impulsan esta iniciativa, que se gesta desde finales de junio, deben recoger más de cuatro millones de firmas, que les permitirían someter a la consideración de la ciudadanía el cambio de cuatro artículos de la Constitución relativos a la política agropecuaria del país.

Dos de los principales propósitos de las reformas que se proponen son dar reversa a la tendencia aperturista del mercado que se ha llevado a cabo durante 25 años en Colombia y poner talanquera al proceso que durante la última década atraviesan las naciones latinoamericanas: la extranjerización de la tierra o compra transnacional a gran escala de terrenos. Ambas propuestas se sustentan en el concepto de la seguridad alimentaria. Veamos:

Para empezar, se propone que además de ser deber del Estado promover el acceso a la tierra por parte de los campesinos, asuma también la obligación de promover el desarrollo agropecuario y agroindustrial, y tome medidas que favorezcan la producción nacional por sobre las importaciones. Piden que numerosas partes de los tratados de libre comercio, recientemente firmados por el gobierno, sean renegociadas.

No les falta razón al exigir mayor protección al mercado nacional de alimentos, ya que es un hecho notorio que su apertura prematura ha significado el debilitamiento o desaparición de cultivos domésticos claves como la cebada, el trigo, la avena, la lenteja y el algodón, entre otros. Se permitió la entrada de productos extranjeros sin haber tecnificado previamente el sector agrícola, sin haberlo fortalecido lo suficiente para que sus productos pudieran competir con los que llegaban de afuera, usualmente subsidiados. Dependemos de la producción internacional para suplir el consumo de especies básicas para el sustento humano. Esto en términos políticos implica que nuestra “soberanía alimentaria” se encuentra en peligro, o en otras palabras, que no estamos produciendo lo que necesitamos para sobrevivir, por lo cual eventualmente podríamos quedar a la merced de poderes extranjeros.

A propósito de esto quiero llamar la atención sobre un hecho reciente: las protestas que en los países europeos ha generado la negociación de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos.

Como la industria norteamericana es más fuerte que la europea, los del viejo continente temen que su producción local sufra, igual que en América Latina tememos los efectos de los acuerdos con la misma Europa y Estados Unidos, cuyas producciones están más tecnificadas, asistidas por profesionales y protegidas que las nuestras. En resumen, en todo el mundo se teme que el pez grande se coma al pequeño a la vez que reina la hipocresía en cuanto que, siempre que se pueda, se tratará de desempeñar el papel del pez grande.

Por lo que toca a la extranjerización de las tierras, se ha visto que durante la última década gobiernos o compañías transnacionales compran grandes extensiones de tierra en otros países, en los cuales empiezan a ejercer su actividad agrícola. Este fenómeno, llamado también “fiebre de tierras”, obedece a que éstas se adquieren para el cultivo de especies vegetales a partir de las cuales se producen combustibles o forraje para proveer los sectores energético y ganadero. En la medida que la tierra se utilice para sembrar especies no destinadas al consumo humano y, además, con vocación de exportación a mercados foráneos, nuestra seguridad alimentaria queda amenazada. La propuesta de los promotores del Referendo por el Agro es que se limiten las posibilidades de compra, uso y aprovechamiento de la tierra por parte de extranjeros.

Aunque las razones para modificar la Constitución y renegociar las condiciones de los tratados son buenas, hay que hacer dos observaciones que quizá quienes promueven el Referendo no han tenido en cuenta. La primera es que los acuerdos de libre comercio no son perjudiciales para todos los sectores y que se deben proteger las clausulas ventajosas para los intereses nacionales. Hablo de sectores como el de las flores, las frutas y los textiles, que llegan a los mercados internacionales sin mayores dificultades arancelarias gracias a esos tratados. No hay que olvidar que estas industrias generan cientos de miles de empleos directos y podrían sufrir en caso de una renegociación.

La segunda es que la destinación masiva del suelo a la producción de combustibles amenaza la seguridad alimentaria del país no solo cuando lo hacen extranjeros, sino también cuando se le permite a los nacionales. Es ingenuo plantear que las limitaciones en el uso y aprovechamiento del suelo se deban hacer tan solo respecto de extranjeros, cuando existen personas tan inmensamente ricas en este país que se podrían estar dedicando a sembrar masivamente especies para la producción de combustibles (caña de azúcar, palma aceitera, etc.) en sus latifundios sin que haya consideración alguna sobre la función social de la tierra.

Así es pues que debemos pensar en reformas integrales que beneficien nuestros intereses sin perjudicar lo bueno que se ha logrado ni creer que el mal viene solo de afuera.