Por: Camilo Echeverri Erk, I.A.

Aunque seis meses es muy poco tiempo para evaluar a un Gobierno, las señales que han enviado hasta ahora el presidente Petro y su gabinete al país y al exterior comienzan a ser preocupantes: muchos anuncios de corte populista que no llegan a convertirse en acciones concretas, mensajes contradictorios, información errónea que luego tienen que entrar a corregir y falta de claridad y transparencia en las propuestas de las reformas sociales estructurales que se han anunciado.

Frecuentemente nos sorprenden algunos ministros haciendo anuncios rimbombantes que luego tienen que salir a rectificar. Parece que hubiera un interés desmedido por crear noticias, con el fin de mostrar a los que votaron por el Pacto Histórico que sí están trabajando para cumplir las promesas que se hicieron en campaña. Han logrado titulares, muchas veces en contra de ellos mismos, haciendo explícito su desconocimiento en algunos temas y su falta de experiencia política. Algunos consideran que es culpa de los ministros que, por lucirse ante su jefe y ante la opinión pública, cometen errores que minan la credibilidad del Gobierno. Yo, en cambio, creo que la falla está en el estilo de dirección del presidente Petro. Considero que es labor del líder evitar que sus colaboradores actúen como ruedas sueltas.

Considero que es labor del líder evitar que sus colaboradores actúen como ruedas sueltas.

La incertidumbre generada por el Gobierno ha contribuido a exacerbar la polarización interna y a causar gran inquietud en el exterior. No se entiende cómo un Gobierno, que por ser el primero de izquierda en la historia del país tiene todos los ojos puestos encima, tanto de los opositores internos como del mundo, actúa de una manera tan errática e improvisada.

Soy un convencido de la importancia de todas las reformas que se empiezan a tramitar (salud, pensiones, y laboral, entre otras). Sin embargo, me llama la atención que la reforma agraria anunciada en campaña se esté quedando en el tintero, teniendo en cuenta que los temas del campo han sido olvidados sistemáticamente por el Estado, y estos están íntimamente ligados con los orígenes de la violencia en Colombia. Considero un acierto del Gobierno la decisión de cumplir lo que establece el acuerdo firmado con las antiguas FARC en 2016 en su capítulo “Reforma Rural Integral”, el cual busca:

– Formalizar la propiedad de la tierra.

– Crear un fondo de tierras para distribuirlas en forma justa.

– Facilitar el acceso a crédito y la asistencia técnica.

– Apoyar la comercialización.

– Impulsar la infraestructura y el desarrollo social.

– Fortalecer la agricultura familiar y la asociatividad.

– Propiciar el desarrollo con enfoque territorial.

– Garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

Sin embargo, el avance en el logro de estos objetivos, por lo poco que conocemos hasta ahora a través de los diferentes medios de información, es precario. El reembolso del 20% del costo de los fertilizantes adquiridos, otorgado por el Ministerio de Agricultura a finales del año pasado, es una iniciativa loable. Hay que reconocer que ha habido progreso en la formalización de títulos de tierras, tanto en este Gobierno como en el anterior. También en la entrega de tierras a campesinos y en la posibilidad de crear un fondo de tierras alimentado por la compra de predios por parte del Estado, gracias al acuerdo con Fedegán. Sin embargo, hasta ahora esta posibilidad no ha pasado del anuncio de comprar 3’000.000 de hectáreas de tierra apta para la agricultura, para lo cual aún no está claro ni siquiera de dónde va a salir la plata. La historia nos ha mostrado que no basta con entregarle tierras a los campesinos para activar la agricultura en Colombia. Un claro ejemplo de esto es la adjudicación hace cuatro meses de 590 hectáreas de la hacienda Támesis en Montería, antes propiedad del clan Castaño, a más de cincuenta familias desplazadas. Los adjudicatarios se han quejado de que el Gobierno no se ha vuelto a aparecer por allá. Supuestamente les prometió entregar el suelo preparado para sembrar, cosa que al parecer no ha ocurrido, y hasta ahora no han recibido ningún tipo de apoyo para compra de semillas, insumos ni ninguna ayuda técnica, lo cual los ha llevado a tener que dedicarse al rebusque vendiendo limón, yuca y plátano en Montería.

La problemática del campo colombiano va mucho más allá de la tenencia de tierras.

¿Dónde están la asistencia técnica y el acceso a crédito?

La problemática del campo colombiano va mucho más allá de la tenencia de tierras. ¿Dónde están la asistencia técnica y el acceso a crédito? ¿Cuál va a ser la estrategia para que los productores puedan llevar sus productos al mercado y obtengan precios justos? ¿Cómo se van a impulsar la agricultura familiar, la asociatividad y el desarrollo social en los territorios? Sin resolver estos interrogantes a través de estrategias, planes y proyectos de desarrollo se ve lejana la posibilidad de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, otra de las banderas del actual Gobierno.

Los dirigentes anteriores han hecho muy poco para resolver las grandes necesidades que tiene el campo colombiano. La razón es que tal vez se requieren cambios muy profundos y complejos para dar respuesta a estas. ¿Será que el capital político del presidente Petro le va a alcanzar para abordar este difícil tema, después del desgaste que probablemente va a erosionar su gobernabilidad con el tránsito por el Congreso de las otras reformas?