Por: Daniel Saravia Henao
Gerente Promotoras Unidas Ltda.

La reforma agraria cobra gran importancia en la actualidad, puesto que es uno de los instrumentos más válidos en una democracia como la nuestra, para definitivamente poner a funcionar la tierra como el recurso económico más importante, y mejorar las condiciones económicas de la población colombiana.

Se define la reforma agraria como un conjunto de medidas socioeconómicas, políticas y legislativas que buscan modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado.

Las reformas agrarias pretenden solucionar dos graves problemas: la concentración de la propiedad de la tierra en unos pocos dueños (latifundismo) y la baja productividad agrícola. Se trata de impedir la deficiente explotación de la tierra y la especulación con su precio. Los resultados sociales de una reforma agraria generalmente son la creación de una clase de pequeños y medianos agricultores que desplazan el monopolio latifundista.

En Colombia, durante el siglo XX, se intentaron efectuar tres reformas agrarias importantes: la primera tuvo lugar durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, con el diseño de grandes reformas (agraria, laboral, tributaria, constitucional, entre otras) por lo cual se le denominó a este gobierno “la revolución en marcha”. La reforma agraria durante este gobierno comenzó en 1936. Dentro de sus políticas, la ley más importante fue la de extinción de dominio sin indemnización, que suponía que a los propietarios de tierras que no explotaran al menos el 60% de sus dominios, les serían expropiados los terrenos no cultivados con el fin de redistribuirlos entre los campesinos de bajos recursos. Esta acción se acompañaría de una asesoría técnica y un crédito del entonces Instituto de Fomento Agrario.

La intención del presidente López Pumarejo fue excelente y tuvo un exitoso comienzo, que duró hasta el final de su primer mandato (1938). Sin embargo, se estancó en el siguiente gobierno, a cargo del Doctor Eduardo Santos (1938-1942), quien se fue en contra de esta reforma por cuanto no favorecía los intereses de la clase adinerada de la época, es decir, los poseedores de la mayor parte de las tierras cultivables en el país. Posteriormente, el doctor López Pumarejo se lanzó nuevamente a la presidencia y ganó las elecciones por un amplio margen en 1942. No obstante, no encontró respaldo en el partido liberal, unido en disidencia con la mayoría del partido conservador liderado por el doctor Laureano Gómez. Esta coalición constituyó la más grande oposición al gobierno de López Pumarejo durante esos años, en los cuales se logró montar en el senado un gran debate de contrarreforma agraria, terminando con ella totalmente hacia 1945, año en que el doctor López se vio ahogado en su mandato por las clases políticas de oposición, de lo que resultó su renuncia antes del término de su periodo constitucional.

A partir del año 1958, el doctor Alberto Lleras Camargo tomó las riendas de Colombia, con lo que se dio comienzo al primer gobierno de la coalición bipartidista (Frente Nacional) creada por los dirigentes de los partidos Liberal y Conservador.

En 1961, el presidente Lleras Camargo creó la segunda más importante reforma agraria del siglo XX. En ella se retomaron principalmente la ley de extinción de dominio y de readjudicación de tierras. Esta reforma fue liderada por el entonces senador Carlos Lleras Restrepo, quien en 1966 ganó las elecciones a la presidencia como candidato liberal para llevar a cabo el tercero de los cuatro periodos presidenciales pactados en el mencionado Frente Nacional. Fue entonces cuando demostró ser el verdadero artífice de esta reforma, pues durante su mandato se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC, para la administración de las tierras baldías y la adjudicación e impulso de las nuevas colonizaciones.

Esta reforma agraria se caracterizó por haber alcanzado la redistribución más grande de tierras que haya existido en Colombia. Sin embargo, las tierras entregadas a los campesinos tenían muy mala ubicación. Quedaban muy distantes de las principales vías de comunicación, lo cual imposibilitaba el transporte de los productos de sus cosechas y acrecentaba enormemente los costos. Cuando los productos llegaban a los sitios de distribución y venta, los precios no se compadecían con los costos de producción y se generaban grandes pérdidas, lo cual constituyó uno de los factores más importantes para la quiebra del campesinado beneficiario de esta reforma.

Años después, bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero, se llevó a cabo el llamado “Pacto de Chicoral” en el Tolima, en el año de 1972. De ese pacto salió la ley de contrarreforma, que acabó de un solo tajo con la reforma agraria de 1961. Después de esta ley, el campo quedó abandonado por parte del Estado y las leyes. Fue así como se dio comienzo a un mercado de tierras sin importar para quién y para qué. Las leyes cuarta y quinta de 1973 y 1975 sepultaron definitivamente un buen intento de reforma agraria, pues dichas leyes abandonaron la redistribución de tierras y en su lugar privilegiaron la eficiencia productiva industrial, fomentando el desarrollo capitalista en las ciudades, lo que terminó imposibilitando la extinción de dominio y devolvió a los terratenientes la posibilidad de seguir acrecentando el latifundismo en el campo.

En 1994, bajo el gobierno de César Gaviria Trujillo, hubo un nuevo intento de impulsar una reforma agraria que reviviera el INCORA y, sobretodo, la ley de extinción de dominio para tierras cuyo propietario no explotara al menos en un 90% su área cultivable. En ese momento también se había iniciado una apertura económica mal diseñada y coexistente con la falta de infraestructura en vías de comunicación, falta de tecnología para mejorar la productividad tanto en el campo como en las ciudades y los fenómenos de narcotráfico, paramilitarismo y guerrilla, todo lo cual imposibilitó la ejecución de esta reforma.

Los grupos al margen de la ley se apoderaban cada vez más de grandes extensiones de tierra, lo que originó el desplazamiento de los campesinos en Colombia. Así mismo, el presidente Gaviria junto con su canciller estrella, Nohemí Sanín, iniciaron la carrera para lograr la secretaria de la OEA, haciendo unas negociaciones totalmente leoninas con varios de los países de América, especialmente con Estados Unidos y México. Estas negociaciones comprometieron al país en la compra de grandes cantidades de cereal y otros productos agrícolas, lo cual desestimuló totalmente los cultivos de pan coger: maíz, sorgo, soya, frijol, lenteja, entre otros. Estos productos empezaron a ser adquiridos de varios países americanos y así sigue ocurriendo al día de hoy. Quedó entonces el campo colombiano bajo la administración de organizaciones públicas con altas dosis de ineficiencia y corrupción, que actuaban en defensa de intereses no públicos y acababan con las posibilidades de transformar el sector rural. No obstante, César Gaviria consiguió su cometido: logró ser nombrado Secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 1994 a 2004.

Colombia se urbanizó antes de solucionar su problema agrario, de lo que quedó un sector rural proclive a los conflictos y con una agricultura de baja competitividad. Es así como la mayoría de los alimentos de nuestra canasta familiar tienen que ser importados, porque los producidos aquí terminan siendo mucho más costosos.

Hoy la reforma agraria cobra actualidad en el país porque sencillamente no se ha hecho, pero deberá ser diseñada con otra estrategia e institucionalidad que permita a nuestros campesinos y, lo más importante, a los reinsertados del proceso de paz, hacer parte de un país para todos, más democrático y con acceso a los recursos económicos con que cuenta nuestra amada nación. Hay que tener en cuenta que se deben integrar la agricultura y la industria en condiciones de reciprocidad en las cuales se haga intercambio de tecnología que eleve la competitividad productiva y que genere excedentes para exportación, todo lo anterior haciendo valer nuestras ventajas comparativas.

La coyuntura por la que atravesamos actualmente implica que va a existir un gran número de personas desmovilizadas provenientes de las FARC, respecto de las cuales el gobierno aún desconoce dónde los va a ubicar y qué los va a poner a hacer. Es el momento ideal para diseñar una reforma agraria que permita, no sólo la reparación de víctimas devolviendo las propiedades a los desplazados, sino también organizar una nueva clase campesina resiliente que tenga acceso a las tierras y aumente la producción agrícola de nuestro país, que cuenta con los suficientes recursos para cumplir esta empresa y no depender de una reforma tributaria que muy posiblemente traiga nuevos impuestos a la misma base de contribuyentes, que tendría que, a la postre, mantener los reinsertados del proceso.

En Colombia el 1.3% de la población actual posee el 68.3% de la producción agrícola, dotada con una gran extensión de tierra (114.000.000 de Has), donde el 55% es selva y el 39% tierras cultivables. El siguiente cuadro expone el uso actual y el potencial de las tierras aptas para la producción agropecuaria (Jiménez Solano, 2012).

Participación en el PIB: Agrícola: 56.4% y Pecuario 43.6%.

Participación en Hectáreas: Agricultura: 5.3 millones y Pecuario 40.08 millones.

De la información anterior podemos deducir que las tierras utilizadas para ganadería (40.083.000 Has) frente a las utilizadas para agricultura (5.318.000 Has) son 7.5 veces más y el aporte de los mismos renglones al PIB son de 56.4% en el sector agrícola y el 43.6% en el pecuario, lo que demuestra claramente que el sector pecuario en Colombia es el sector latifundista por excelencia, toda vez que siendo 7.5 veces más utilizado, aporta 12.8% menos al PIB.

El sector pecuario está utilizando 20.832.000 Has más que no están destinadas para su uso, creando actualmente un desequilibrio en la tenencia de la tierra en el país.

Como podemos ver, el potencial total de las tierras aprovechables en el territorio nacional es demasiado amplio todavía, como para realizar una reforma agraria que pueda darle tierras productivas a las clases más desfavorecidas, crear empleo y una verdadera prosperidad. Sobre todo, hay que tener en cuenta que se pueden utilizar, a través de la reforma, como el verdadero artífice del fin del conflicto armado en Colombia.