…y el presupuesto para el agro ¿qué?

Durante las últimas semanas el tema del presupuesto que el nuevo gobierno le asignará a la educación ha ocupado el centro del debate. Es evidente que hay un consenso nacional sobre el asunto: se necesita con urgencia destinar dineros para que las universidades públicas puedan funcionar apropiadamente y para que más colombianos se puedan educar.

Pero en medio de la inconformidad popular y las exigencias que al respecto se han formulado, otros temas igualmente importantes han pasado por debajo de la mesa. A la ley de presupuesto que hace pocos días se aprobó por el congreso se le pueden hacer varias observaciones.

En efecto, el presupuesto que diseñó el ministro de hacienda –cuya reputación hoy en día se halla completamente destrozada– no tiene nada del aire renovador que prometió su jefe en la campaña presidencial de hace solo unos meses. Sí, se aumentó el rubro para la educación gracias a la presión del movimiento social. Sí, se destinó una pequeña partida para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Centro de Memoria Histórica. Sí, se dispuso de dineros para la seguridad de los desmovilizados. También aumentó el presupuesto de defensa y el de funcionamiento del Estado (en contra de lo que se predicaba en campaña), pero frente a todo esto, me atrevo a hacer una pequeña pregunta: …y el presupuesto para el agro ¿qué?

Los sectores del agro y del medio ambiente son los más desfavorecidos con esta nueva ley presupuestal. En tanto que el primero quedó con un montó casi igual a aquel que tenía para el año 2018, al segundo se le recortó. Es inconcebible que un país del que todos dicen que tiene vocación de ser la despensa de alimentos para el mundo tenga un presupuesto tan pequeño para el sector del agro (algo más de dos billones de pesos). En cambio, sí se acordaron de aumentar el presupuesto del sector de minas y energía, que para el año entrante será el doble de aquel destinado para el agro.

Esto significa que el nuevo gobierno continúa, como los anteriores, creyendo en el modelo extractivista como opción económica para el país y dejando de lado las actividades productivas agrícolas. Ignora que de ellas viven y se benefician muchos más colombianos, que son sostenibles en el tiempo y que no arruinan la tierra y el agua, nuestra verdadera riqueza y bendición. Esta prioridad que el gobierno da a la minería por sobre el agro adquiere un tono de mayor gravedad si tenemos en cuenta que lo hace en contra de la voluntad popular. Hay una multiplicidad de municipios que se han pronunciado mayoritariamente (con votaciones superiores al 90%) en contra de los proyectos mineros de compañías extranjeras. La más reciente de estas consultas populares tuvo lugar en el municipio de Fusagasugá, en donde el 99% de los casi 40 000 votantes rechazó la iniciativa petrolera que pretende hacer extracciones de modos no convencionales como el fracking en el páramo del Sumapaz.

Como si fuera poco lo anterior, el presupuesto aprobado presenta un gran defecto: está desfinanciado. Para cumplir con las destinaciones presupuestales previstas hacen falta catorce billones de pesos, que el gobierno está aspirando conseguir mediante más impuestos y confiando en que el precio del barril de petróleo se mantenga alto el año que viene. Por lo que toca a los impuestos, ya conocemos que el brillantísimo ministro de hacienda tiene en mente aumentar el IVA y extenderlo a los productos de la canasta familiar. En cuanto al precio del petróleo, quedamos a la deriva y cruzando los dedos para salvarnos de las consecuencias de su volatilidad.

Esperemos que el gobierno muestre en adelante mayor capacidad y cordura, y que no tengamos que decir en unos años retrospectivamente que “lo que empieza mal termina mal”.

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Adenda: Otra preguntica: ¿Se compadece con el concepto de “austeridad” que el presidente viaje a ver al papa con una comitiva de casi 20 personas dentro de las cuales se encontraba hasta la suegra?